La ministra designada de las TIC, Mery Gutiérrez, enfrenta un escándalo sin haberse posesionado en su cargo, por cuenta de una demanda de 10 millones de dólares que tiene contra la nación desde 2013.
La designación de la ministra designada de las TIC, Mery Gutiérrez, resultó muy cuestionada. La razón es que ella alega que fue “despojada del 50 % de los espacios de televisión que venía explotando en el Canal Uno como miembro de la Unión Temporal Programar Televisión S.A. y RTI Televisión en virtud del Contrato 089 de 2003 suscrito con la Comisión Nacional de Televisión que fueron entregados de manera ilegal a RTVC”.
Gutiérrez es la accionista mayoritaria de Programar Televisión, la empresa que demandó al Estado por 45.000 millones de pesos, un hecho que le genera una aparente inhabilidad para ejercer funciones, pese a que el 1 de agosto de 2022, ella renunció a la sociedad.
Es decir que ella como persona natural desistió de sus derechos en la demanda porque quien está demandando es la sociedad. Gutiérrez posee el 97 % de las acciones de Programar Televisión S.A., cuyo capital asciende a 1.480 millones de pesos.
El expediente está pendiente de su fallo final pero podría involucrarle al erario público un desembolso superior a los 10 millones de dólares.
Pero ahí no paran las cosas. La designada ministra también deberá aclarar por la existencia de un acuerdo con accionistas de Programar Televisión en el que ella se comprometió a entregar el 20 % de la compañía a Ruth Dary Forero, quien manejó la contratación de Coldeportes. Lo que podría resultar preocupante es que la entidad del deporte sostuvo contratos con la sociedad de la ministra electa.
Comunidad OLA... ¡Estamos Conectados Contigo! – Agosto 11 de 2022
