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Vie, May

Telecomunicaciones

Luego de que en 2021 se promulgó una ley que reconoce el Internet como un servicio público, esencial y universal, un grupo de congresistas buscan que ahora se catalogue como un derecho en la Constitución Política.

Un grupo de representantes y senadores presentó un proyecto de ley en el Congreso de Colombia que busca establecer el acceso a Internet como un derecho fundamental, consagrándolo en la Constitución Política.

Después de que en 2021 se aprobó una ley que reconoce el Internet como un servicio público, esencial y universal, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes examina elevar su rango a un derecho constitucional.

La iniciativa plantea que el artículo 20 de la Carta Magna –sobre la libertad de expresión– también incluya “el derecho al acceso, la conectividad y la cobertura a Internet a todos los habitantes del territorio nacional”.

Por lo tanto, “el Estado proporcionará los mecanismos efectivos para satisfacer este derecho, con especial énfasis a la población rural y un mínimo vital para la población de menores ingresos”, se lee en el documento.

El proyecto de ley fue radicado el 30 de marzo de este año por representantes de diferentes bancadas, entre los que se encuentran León Fredy Muñoz Lopera, del Partido Alianza Verde; Elizabeth Jay Pang Díaz, del Partido Liberal; Gustavo Petro Urrego, de Colombia Humana; Feliciano Valencia Medina, del Movimiento Alternativo Indígena y Social; de la Coalición Lista de la Decencia, entre otros.

Los congresistas argumentan que Internet se ha vuelto indispensable para aprovechar oportunidades sociales y económicas, al permitir que las personas accedan a servicios relacionados con la educación, el trabajo, la cultura o la salud, especialmente durante el estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, el país aún no ha resuelto el problema de la brecha digital para propiciar que toda la población pueda beneficiarse de la conectividad. La iniciativa señala que la principal barrera es el costo del servicio de Internet, pues el 50.7 por ciento de las personas desconectadas asegura que el precio elevado les impide contratar una conexión a Internet.

Otro 27.6 por ciento considera que no es un servicio necesario en su vida; el 7.7 por ciento habita en zonas sin cobertura; 7 puntos porcentuales no saben usar esta tecnología, y el 3.8 por ciento carece de algún dispositivo para conectarse a Internet, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística retomados por el proyecto.

“Y es precisamente hacia la incapacidad de pago por parte de esa población colombiana a la que apunta en gran parte este proyecto, para garantizar el acceso a bienes y servicios del Estado a través de la consagración del Internet como derecho fundamental”, indica el documento.

Los congresistas citan datos de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la inasequibilidad de Internet. En el país, según la OCDE, un paquete de Internet de alto consumo cuesta 20 por ciento más de lo que se paga en promedio en otras naciones, lo cual profundiza la brecha digital.

A pesar de que el nivel de asequibilidad de Internet todavía no se encuentra en un escenario ideal, la Alianza por un Internet Asequible (A4AI) posicionó en 2021 a Colombia como el país donde el servicio es el más asequible en América Latina y el segundo en la comparativa mundial.

No obstante, para garantizar que todas las personas puedan acceder a los servicios de Internet de banda ancha y zanjar la brecha digital “se requiere un cambio radical –en la dotación de recursos, en los mandatos, en la colaboración y la cooperación–”, advirtió la A4AI.

En julio del año pasado, el presidente Iván Duque promulgó una ley que declara el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal. La nueva normativa determina una regulación especial para promover el acceso y la apropiación de Internet entre la población desconectada y la más vulnerable.

Por ejemplo, la ley señala que los pequeños operadores con menos de 30 mil usuarios están exentos del pago de contribuciones al Fondo Único TIC; se dispondrá de financiamiento para el Internet minorista, y se aplicará el silencio administrativo positivo ante las solicitudes de las empresas para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

La nueva ley fue bien recibida en el sector nacional e internacional, por reconocer la importancia de ejecutar acciones de política pública y regulatoria para garantizar la conectividad universal.

Sin embargo, la demanda general es que la normativa no sólo se quede en el papel sino que se concrete en la práctica y se revisen las cargas fiscales y regulatorias que pesan sobre el sector, pues pueden ser obstáculos para que los operadores amplíen la huella de infraestructura para mejorar la conectividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: DPL News – Abril 5 de 2022

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