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Telecomunicaciones

Procuraduría busca aclarar cuál es la cuantía del Estado colombiano por la subasta realizada el 20 de diciembre del año pasado.

Tras la solicitud realizada ayer por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) deberá evaluar si suspende el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional. Lo anterior con el fin de aclarar cuánto dinero recibirá el Estado colombiano por la subasta realizada el 20 de diciembre del año pasado y en la que se recolectaron más de $5 billones.

Así mismo, la Procuraduría busca verificar si la firma Partners (una de las empresas oferentes), a la que se le adjudicó un bloque de la banda 2.500MHz, cumplió con las condiciones de objetividad y transparencia de la contratación estatal.

Vale destacar que el proceso de subasta, que entregaba espectro en las bandas de 700 MHz, 1.200 MHz y 2.500 MHz, fue criticado luego de que Partners ofreciera un valor por encima del comercialmente aceptado para la banda de 2.500 MHz a razón, según dijo la compañía en un comunicado de prensa del 3 de enero, “por una inconsistencia en el momento de la presentación de la oferta”.

Partners ofertó $1,7 billones por uno de los bloques en la banda de 2.500 MHz, oferta que según quedó consignada en la bitácora de la subasta estaba “aproximadamente 1.000% por encima del valor base”.

Por otro lado, la Procuraduría aseguró que el pedido de suspensión hace parte de la investigación disciplinaria que abrió contra Jorge Guillermo Barrera, director de Industria de Comunicaciones del MinTIC, por “presuntamente haber permitido que fondos de capital privado, como Novator, propietario de Partners, pudieran participar en la subasta en condiciones más flexibles, en cuanto requisitos de duración y acreditación de experiencia, que otros interesados en el proceso”.

En comunicación a la ministra de las TIC, Sylvia Constaín Rengifo, el Ministerio Público precisó que esta solicitud no constituye una coadministración y menos puede interpretarse como una oposición a la política pública de las Tecnologías y las Comunicaciones.

En ese sentido, aclaró que a la entidad le asiste interés de que los permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional “sean el resultado de un proceso de selección objetiva y transparente, en el que se respeten los principios de libre competencia y promoción de la inversión”.

De acuerdo con Natalia Guerra, directora de Regulación, Fundación y Relaciones Institucionales de Telefónica en Colombia, el pronunciamiento de la Procuraduría se encuentra en la vía de asegurar el respeto de las condiciones objetivas del proceso de asignación de espectro. “Es necesario que se garantice el cumplimiento de lo ofrecido en la subasta y que se no modifiquen las reglas de participación en pro de la seguridad jurídica del país”, indicó.

Hay que recordar que la subasta se realizó el 20 de diciembre de 2019. En ella participaron cuatro empresas: Claro, Movistar, Tigo y Partners.

Uno de los retos más grandes que traerá la adjudicación de este proceso será la penetración de la tecnología 4G en Colombia, pues de los 27,7 millones de accesos móviles que hay actualmente en el país, 5% está en 2G y otro 29,9% en 3G.

Además, en su momento la ministra Sylvia Constaín afirmó espera conectar a más de 20 millones de colombianos que hasta hoy no cuentan con un sistema de conectividad bueno.

Fuente: La República – Febrero 6 de 2020

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