Picap, Indriver y Didi, la otra guerra del centavo en Colombia
Telecomunicaciones

Hace más de cinco años Uber activó en Colombia su poderosa y elogiada aplicación para facilitar la movilidad de muchos ciudadanos. Desde entonces se ha dicho que es ilegal y el Gobierno le ha impuesto varias sanciones económicas.

Pero Uber ya entró en en la vida de la gente como una alternativa de transporte que en el último mes registró más de 2 millones de usuarios que tomaron un viaje con uno de sus 88.000 socios conductores.

A pesar de las talanqueras, Uber sigue operando y nadie la detiene en un mercado que resulta muy atractivo para otras aplicaciones similares que ya ruedan por las calles colombianas.

Uber dice que por impuestos de 2018 pagará $44.000 millones, de los cuales ya giró $34.000 millones por concepto de IVA a plataformas digitales.

Ver: Didi, competencia de Uber, se lanza en Colombia

En el país están registrados vehículos en aplicaciones como Cabify, Beat, InDriver y Picap. El Ministerio de Transporte acaba de demandar a esta última porque además de ofrecer servicios en automóviles, conecta a los usuarios con mototaxistas, lo cual implica un riesgo para la vida de los usuarios.

InDriver, de origen ruso, acaba de lanzar esta semana su aplicación en Bogotá y permite a los pasajeros y conductores negociar, a manera de subasta, los términos de viaje, incluido el costo. Aunque opera en grandes urbes de México, Perú y Chile, en América Latina Barranquilla es la ciudad que más la usa.

Como si fuera poco, en las próximas semanas llegaría la china Didi, una de las más exitosas en Oriente, que ve oportunidades en Colombia.

La entrada de las plataformas en la movilidad colombiana ha tenido tanto efecto que en Bogotá dicen que los cupos de taxis amarillos, que llegaron a costar $115 millones, hoy rondan los $50 millones. Parece que hay mercado para todas y que nada parece detenerlas.

Todo esto confirma que el concepto de movilidad como servicio está vivo y seguirá creciendo en el mercado colombiano a pesar de sus dificultades legales. Sin embargo, en este campo hay muchos desafíos pues aunque tiene alta demanda, no se ciñe a las normas vigentes.

El Gobierno ha dicho que sus medidas no buscan beneficiar o afectar a una empresa en particular. Por eso ha convocado mesas de trabajo con los actores del sector para encontrar soluciones y trazar una hoja de ruta.

Pero como la realidad supera la legislación, el Ministerio de Transporte ya trabaja en decisiones concretas. Ha venido construyendo las bases de la reglamentación de taxis de lujo, que busca darle piso legal al transporte público individual de pasajeros. Pero las plataformas digitales no se consideran taxis de lujo y no sería aplicable esa norma.

El gerente de Uber en Colombia, Nicolás Pardo, explica que su compañía quiere ayudarle al Gobierno, como ha hecho en otros mercados, y sugiere adoptar la nueva categoría de “empresa de red de transporte”. En esta, las plataformas se comprometen a ofrecer la intermediación, servicios financieros, mercadeo, seguros y GPS, mientras el conductor presta un servicio de transporte privado y paga por usar la plataforma. “Transporte público es sacar la mano en la calle y que un vehículo pare y preste el servicio. Eso no ocurre con un carro de Uber, que ofrece un servicio privado”, señala Pardo.

El Mintransporte enfatiza en su obligación de garantizar que los sistemas que prestan el servicio sean seguros y adecuados para el usuario. Y “la única manera de lograrlo es que sean legales”.

Por eso entre 2018 y lo que va de 2019 ha cancelado 563 licencias de conducción –algunas hasta por 25 años– a quienes reinciden en la prestación del servicio público sin la autorización legal. Pero esto no ha logrado frenar un negocio que, mientras tenga una alta demanda, seguirá creciendo.

Cabify, la firma española que adquirió EasyTaxi, en su aplicación tiene al mismo tiempo carros particulares, vehículos especiales y taxis amarillos, Su director general, Manuel Torres, envió al Gobierno cuatro propuestas: crear un impuesto de rodamiento para taxis y aplicaciones; homologar el cupo del taxi como crédito al impuesto de rodamiento; expedir una licencia especial al conductor de carro particular que participe y supervisar mínimos de calidad.

Desde la perspectiva de Cécile Novion, gerente de Beat en Colombia y México, llegó el momento de evidenciar el impacto que este tipo de innovación genera en las ciudades. Este va más allá de ser una alternativa de movilidad porque incentiva el desarrollo de economías que favorecen a los ciudadanos, genera oportunidades y contribuye al país al pagar impuestos.

Esto incluso plantea una cierta paradoja pues mientras a los conductores que operan en estas plataformas les cancelan sus licencias, a las arcas del Estado llegan recursos derivados de su servicio.

De acuerdo con la Dian, con el IVA a las plataformas digitales que prestan sus servicios desde el exterior, recaudó $38.189 millones entre julio y diciembre de 2018, más $19.115 millones en lo que va de este año, según cálculos preliminares. Solo nueve empresas han cumplido estos pagos. Una de ellas, Uber, por concepto de impuestos de 2018 le pagará al Estado $44.000 millones, de los cuales ya giró 34.000 millones.

En el Mintransporte dicen que no está entre sus competencias recaudar impuestos, mientras que en la Dian, que sí lo hace, señalan que estos pagos no necesariamente legalizan la actividad económica. “Las plataformas tecnológicas que intermedian para la prestación ilegal del servicio de transporte de pasajeros no son viables para hacer la homologación de vehículos y además ponen en riesgo la seguridad de los usuarios al no contar con todos los seguros del transporte legal”, explica este ministerio.

La otra cara

Pero mientras algunos las odian, otros las aman. Para el mundo tecnológico, las plataformas digitales que intermedian el servicio de transporte simbolizan la cúspide de la innovación. Uber, valorada en US$72.000 , es considerado el segundo mayor unicornio del mundo y Didi, valorada en US$56.000 millones, el tercero, de acuerdo con CB Insights. Llaman unicornios a los emprendimientos de base tecnológica que superan US$1.000 millones de valoración. Para 2030, según la firma Statista, esas plataformas tendrán un mercado global de US$9,2 billones.

La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, considera que el problema no está en las plataformas, sino en la nueva forma de prestar servicios. El país ha ido aplazando el debate mientras el tiempo pasa y aparecen más plataformas que avanzan como un cohete. Muchos otros las han normalizado como una fuente de empleo de un trabajo regularizado.

Al furor que ha surgido por estas aplicaciones se ha sumado el de empresas que ofrecen otras opciones, como las patinetas y las bicicletas eléctricas en alquiler. Las ciudades se están volviendo caóticas y la vida digital ha surgido como una alternativa conveniente.

En el Ministerio de Transporte aseguran que en el sector todos los actores deben competir con las mismas condiciones legales y reglas de juego. Ese principio no rige solo esta administración, sino cualquier gobierno democrático.

Mercados y gobiernos tienen ese gran desafío. En el Congreso colombiano comenzará en unos días el trámite de un proyecto de ley para regular el transporte privado. Porque se requiere voluntad política para solucionar un problema latente en las calles del país. Y mientras las opciones no alcancen para atender las necesidades de los usuarios, siempre habrá quién esté dispuesto a ofrecer alternativas. 

Fuente: Dinero – Abril 1 de 2019

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