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Mar, Oct

Medidas cautelares: la esperanza de opositores para frenar venta de la ETB
Telecomunicaciones

Luego de que fuera admitida una demanda contra el artículo del Plan de Desarrollo que autoriza la enajenación, los promotores esperan que el juez defina si suspende o no el proceso, mientras toma una decisión de fondo. 

Justo después de que el Distrito dio a conocer el precio mínimo que podrá pedir por sus acciones en la ETB –tasada en $2,38 billones, según la banca de inversión JP Morgan– se conoció que el Juzgado 4º Administrativo admitió una demanda que busca frenar la venta, al considerar que la autorización que el Concejo le dio al alcalde Enrique Peñalosa, al parecer, se tramitó de manera irregular.

Aunque la admisión es apenas un primer paso en el proceso judicial, podría influir en los planes de la Administración, que pretende vender la empresa a más tardar en octubre. ¿Cómo? Los promotores están a la espera de que el juez tome una decisión sobre una solicitud de medidas cautelares, que frenarían la enajenación.

Según los demandantes –la bancada del Polo en el Concejo y el sindicato Sintrateléfonos– la acción legal es “la más estructurada y rica en fundamentación jurídica” que se ha presentado contra la venta y el hecho de que ya haya sido admitida por un juez envía un mensaje claro a los eventuales inversionistas e interesados en comprarla: que hay un pleito alrededor de unas posibles irregularidades.

Andrés Pachón, uno de los abogados que participó del proceso judicial y quien hace parte del equipo del concejal Manuel Sarmiento (Polo), explicó en diálogo con El Espectador que la demanda busca tumbar el artículo del Plan de Desarrollo que autorizó al alcalde la venta de la empresa. En ella se alega, entre otras, que no hubo estudios técnicos que soportaran la decisión, teniendo en cuenta que el proceso tiene implicaciones de orden fiscal para las finanzas del Distrito.

Para los promotores, detrás de esta autorización hay una cadena de errores. La primera, que se vulneró el derecho a la participación ciudadana, dado que no se incluyó la iniciativa en el anteproyecto del Plan de Desarrollo, que evaluó el Consejo Territorial de Planeación. La segunda, que la iniciativa se incluyó en el Plan, a pesar de que debía ser un proyecto de acuerdo independiente. Y finalmente, que una vez cometida la presunta falta, la propuesta se discutió en una comisión del Concejo que no era la competente. 

“Se supone que los concejales deben tomar decisiones serias e informadas y, en este caso, la Alcaldía no presentó estudios técnicos serios o bien fundamentados, como lo exige la ley de enajenaciones. Al final, la Alcaldía dio a conocer unos estudios, pero cuando el proyecto ya se estaba discutiendo en el cabildo”, asegura Pachón.

Una vez admitida la demanda, los opositores a la venta están a la espera de otra determinación judicial que, confían, se conocería en menos de dos semanas y que podría ponerle un alto al proceso (al menos de forma parcial): que se definan medidas cautelares. En ellas, agrega el abogado Pachón, se solicita suspender el proceso de venta de la ETB hasta tanto se resuelvan de fondo todos los cuestionamientos que rodean el pleito.

“Vía medidas cautelares, el juez podría suspender la autorización que dio el Concejo y con eso, el proceso de venta. Si no se decretan, la Administración podría continuar con la enajenación. Sin embargo, lo responsable y lo prudente sería esperar a que se resuelvan los cuestionamientos (…) Es responsabilidad de las autoridades distritales, cuando están tan seriamente cuestionadas, frenar el proceso de venta hasta que haya claridad”, precisa el abogado.

El proceso para autorizar la venta

En mayo de 2016, durante la discusión del proyecto de Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Enrique Peñalosa, el Concejo aprobó un artículo que dio vía libre a la enajenación del 88 % de la participación que tiene el Distrito en la ETB. La iniciativa recibió 31 votos a favor y 12 en contra.

Previo a ello, la Contraloría de Bogotá había advertido que la venta de las acciones no estaba respaldada por estudios técnicos que permitieran su valoración real y objetiva, el impacto para la ciudad y el patrimonio público de los bogotanos. Ante ello, el ente de control señalaba que eran inciertos los escenarios de la ETB si se conservaba pública, si se conseguía un socio estratégico o se privatizaba y su relación costo-beneficio.

A esta crítica se sumó el cuestionamiento que formuló el Consejo Territorial de Planeación (CTPD) –máxima instancia de la planeación participativa de Bogotá– que acusó al alcalde de haberle presentado un anteproyecto de Plan de Desarrollo que no incluía su intención de vender la ETB. De acuerdo con ese organismo, tal omisión ignoró su papel como instancia de planeación participativa, saltándose además la obligatoriedad de la discusión y análisis previo.

Que ante el Consejo Territorial se haya presentado un anteproyecto incompleto, fue calificado además como grave y violatorio de la Constitución y la ley. “El proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo, que se discute en el Concejo, es diferente al que se puso en consideración, violándose con ello el derecho fundamental de la ciudadanía a participar, incidir y decidir en los temas que la afectan”, reprochó en su momento el CTPD.

Distrito debe recibir mínimo $2 billones por venta de la ETB

La banca de inversión J.P. Morgan le entregó esta semana a la Alcaldía la valoración de la ETB, con lo que la Administración podrá iniciar de manera formal la venta de la histórica empresa capitalina. Según el estudio, ratificado por un concepto de razonabilidad financiera de BTG Pactual, el precio mínimo de venta es 1,19 veces su valor en libros. 

Según la Secretaría de Hacienda, el precio base de la compañía que fijó el estudio es de $ 2,38 billones. Con este dato, se calcula que el valor mínimo de cada acción sería de $ 671, lo que indica que la Administración recibiría al menos $2 billones tras la enajenación que servirán para financiar proyectos como la construcción de jardines infantiles, colegios, seguridad y hospitales, entre otras obras.

“Para llegar a este precio se usaron reconocidas metodologías como la de Flujos de Caja Descontados, entre otras, que a nivel internacional son utilizadas y recomendadas a la hora de valorar una compañía. En este caso, la metodología de Flujos de Caja Descontados permitió analizar la información de la empresa y su entorno, a partir de sus ingresos, costos de operación, nivel de endeudamiento y posibilidades de expansión, entre otros factores”, explicó el Distrito.

Con esta certeza, la Secretaría de Hacienda dará a mediados de mayo un nuevo paso en el proceso de enajenación, que tendrá dos etapas. En la primera, que durará dos meses, podrán participar únicamente empleados, ex empleados y pensionados de la ETB; sindicatos de trabajadores; fondos de empleados; fondos mutuos de inversión; fondos de pensiones y cesantías, y cooperativas. En la segunda, se dará entrada a los demás inversionistas interesados”, expresó la secretaría de Hacienda a través de un comunicado de prensa.

“En cualquiera de los casos, la Administración Distrital analizará la capacidad de los potenciales compradores para garantizar la continuidad de la empresa y la adecuada prestación de los servicios”, concluyó la Administración.

Fuente: El Espectador – Mayo 2 de 2017

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