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Dom, Oct

Operadores

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció un régimen especial para que los prestadores de telefonía móvil sigan la ley. La medida fue criticada por los jugadores del sector, que no pierden de vista la asignación de 225 Megahertz de espectro radieléctrico que promete cambiarle la cara al negocio.

Las cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hicieron que José Miguel de la Calle, su titular, perdiera la paciencia. Esto, debido a que el 22% de las Peticiones, Quejas y Recursos (PQR) que la entidad recibe están relacionadas al sector de la telefonía móvil, a que este indicador registró un incremento en su promedio mensual de 1.202 recursos entre 2011 y el primer trimestre de 2012, y a que, a pesar de que se han impuesto multas por $27.000 millones en contra de los operadores celulares, el fenómeno sigue creciendo. Así, el ente de control decidió tomar cartas en el asunto y crear el Programa de Vigilancia y Seguimiento de Instrucciones con un fin específico.

“Los operadores deben modificar de una vez por todas sus políticas frente a los más de 51 millones de usuarios que hay el país”, dijo De la Calle, quien también describió que, a pesar de los múltiples llamados de atención, las compañías siguen infringiendo los derechos de los usuarios: “No se permite la portabilidad numérica y no hay claridad en el manejo en la cláusula de permanencia mínima”.

Y la respuesta no se hizo esperar. Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomovil) aseguró que las cifras de la SIC están erradas porque no separaron las PQR de las solicitudes de los usuarios para adquirir nuevos servicios y que su gestión le traslada un buen porcentaje de beneficios a los clientes: “En comparación con otros países de la región, los niveles de calidad y servicio de la telefonía móvil en Colombia son iguales o mejores a los estándares internacionales. El país cuenta con las tarifas de voz y datos más bajas de América Latina”.

Pero este pulso demuestra en realidad un capítulo más de la tradicional disputa entre el Estado y la empresa privada para evitar que se constituya un monopolio que le gire una abultada cuenta de cobro a los consumidores. Como telón de fondo se erige el proceso de asignación de nuevas porciones de espectro radioeléctrico, que se llevará a cabo en septiembre próximo bajo la modalidad de subasta y tiene dos objetivos principales: fomentar el uso de la tecnología LTE (conocida como cuarta generación ó 4G) para impulsar una mejora en los servicios de datos, y propiciar la llegada de nuevos operadores.

Es, ni más ni menos, que el evento que le cambiará la cara a las comunicaciones del país. “Se va a asignar el doble del espectro que se ha asignado en toda la historia del sector de la telefonía móvil”, aseguró Óscar León, director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), entidad que tiene el proceso bajo su supervisión. Éste consiste en la asignación de 225 Megahertz (MHz), de los cuales se han reservado 70 MHz para que una nueva compañía despliegue sus servicios en el país.

Este ha sido uno de los elementos que más ha generado críticas entre los operadores ya establecidos (Comcel, Movistar y Tigo), y ha quedado plasmado en la etapa de comentarios a las condiciones del proceso, pues consideran que la competencia se debe dar en un escenario de condiciones iguales para todos. También han atacado el tope máximo de espectro designado por el Gobierno (85 MHz para cada operador), pues consideran que es un límite para el libre desarrollo de servicios de la industria.

Otra cosa considera el Estado, para quien estos mecanismos sólo buscan garantizar la libre competencia. “Impiden que se conforme un monopolio que decrete tanto las prácticas como las tarifas del mercado. La aparición de nuevos operadores contribuye a la mejoría en la calidad del servicio y a que la política de precios beneficie al consumidor final”, dijo León.

El cronograma avanza según lo presupuestado: en junio se establecerán las condiciones de participación, en agosto se realizará la subasta y entre septiembre y octubre se asignarán las licencias de operación de espectro. Pero mientras se cumplen estas fechas, es seguro que las empresas interesadas seguirán manifestándose contra cualquier tipo de medida, señalamiento o declaración que pueda restarle puntos de cara al negocio que le cambiará la cara al sector.

“Hay tanto espectro para asignar que no estamos seguros de que se venda todo”, puntualizó León.

Fuente: El Espectador Edición Impresa – Mayo 25 de 2012

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