fbpx
26
Lun, Feb

Operadores

La recusación

En medio de este escenario, en enero pasado ocurrió la recusación por parte de Comcel a Carlos Andrés Rebellón, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La figura de la recusación es un acto que impugna la actuación de un funcionario cuando una parte afectada considera que este no es apto porque su imparcialidad está en duda. Según Comcel, los cargos asimétricos no existían en la regulación, y la medida, que fue propuesta por el director de la CRC, había sido planteada ya por él cuando se desempeñaba como asesor de Une. “La recusación es un derecho que tiene toda persona a ejercer cuando considera que no hay imparcialidad en un proceso en el cual usted es parte”, advierte Hilda María Pardo, de Comcel.

Rebellón responde que nunca ocupó ningún cargo directivo en Une, ni firmó documento alguno y asegura que la recusación se dio sin haberse dado siquiera una primera decisión en la CRC. “No tomo decisiones en Une; nunca las tomé, no hay un solo documento de Une firmado por mí. En ningún punto del proceso para llegar a la CRC se recibió alguna objeción a mi hoja de vida, ni por Presidencia, ni por la CRC, ni por el Ministerio y menos por un tercero”, asegura.

El proceso de recusación fue llevado ante la Procuraduría, que se declaró no competente, y dio traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya se acerca el cuarto mes del proceso y la CRC no ha podido dar claridad sobre ninguna decisión.

Para los presidentes de Une, Colombia Móvil y Telefónica Móviles, la recusación no es una táctica aislada, sino que hace parte de una estrategia que ya fue aplicada en México y busca impedir la aplicación de la regulación sobre competencia a través de movidas jurídicas.

Citando el estudio de la Ocde, la carta de los presidentes de estas empresas afirma que las estrategias jurídicas se han convertido en un freno para el desarrollo de las telecomunicaciones en México, donde “los operadores dominantes se han favorecido del débil marco institucional vigente al abusar del singular sistema de amparo mexicano, en virtud del cual las decisiones de regulación que son sometidas a revisión judicial se suspenden a favor del recurrente”. Afirman que Colombia “no puede esperar a que se consolide un monopolio en un sector tan relevante para el desarrollo del país como las telecomunicaciones, menos aun cuando, a diferencia de México, se cuenta con las herramientas institucionales para evitar tal situación”.

La comparación con México ha atizado el debate. En abril del año pasado, la Comisión Federal de Competencia de México (CFC) multó a Telcel con US1.016 millones como resultado de una investigación iniciada en 2006 a partir de la exigencia que hicieron los demás operadores de ese país. Sin embargo, hoy la decisión está en un litigio jurídico, pues Telcel recusó a Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC. Según el diario La Jornada, de México, a partir del 2 de marzo la CFC tiene 38 días para decidir si ratifica la multa, la modifica o la anula.

Además, Emilio Azcárraga ha emplazado a Carlos Slim y le dijo que en el negocio de televisión están dispuestos a recibir nueva competencia. “¿Estás dispuesto tú”, le pregunta Azcárraga al magnate mexicano?

Según el documento de la Ocde, en México la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad de las telecomunicaciones se estima en US$129.200 millones entre 2005 y 2009, es decir, 1,8% del PIB anual.

De otro lado, la competencia para Slim está saliendo de México: el grupo Salinas se quedó con el negocio de la fibra óptica en Colombia y venció la propuesta de Telmex.

Implicaciones

La controversia se desata en un momento de gran importancia, pues va a ser otorgado el uso del espectro para el desarrollo de la tecnología de cuarta generación (4G) que mejorará la calidad y el tamaño del servicio, tanto de datos como de voz. Colombia solo tiene un operador de 4G, que es Une, pero el gobierno anunció para el segundo semestre de este año una nueva adjudicación de espectro.

La decisión que tome el regulador sobre cargos asimétricos en telefonía móvil será percibida como una señal muy importante para el futuro de la política de competencia en todo el sector en el país.

Muchos temen que las recusaciones podrían convertirse en el pan de cada día, en especial en lo que se refiere al tema de acceso al espectro. Por ejemplo, Óscar León, el actual director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), trabajó durante cinco años como Gerente de Planeación Regulatoria de Comcel. Si se dan recusaciones en este caso, se podrían poner en riesgo inversiones cercanas a los US$2.000 millones en los próximos tres años.

Otro caso es el de Iván Sánchez, comisionado de la CRC, que en su hoja de vida señala que trabajó en la ETB. Adicionalmente, falta por nombrar un tercer comisionado en la CRC que complete el equipo. Será difícil encontrar una persona experta en el tema que no haya trabajado en el pasado en las empresas del sector. “El Ministerio, la CRC y la ANE están llenos de gente de la industria, pero el gran peligro que veo es que esto se convierta en un tema de nunca acabar, de no enviarse una señal rápida de qué se entiende por permitido o no permitido en cuanto a funcionarios públicos en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, dice Rebellón.

Las telecomunicaciones son un sector muy particular, por la importancia que revisten para la competitividad de la economía y por la alta velocidad del cambio en las tecnologías y las estrategias. Como dice el ministro Diego Molano, “un año en telecomunicaciones representa siete en cualquier otra industria”. Por eso, si los procesos se bloquean, los costos para un país pueden ser extraordinariamente elevados. Si las decisiones terminan en jueces y no en la institucionalidad del sector, su desarrollo, que venía a velocidad de crucero, podría pasar a moverse a paso de tortuga.

Fuente: Revista Dinero– Marzo 30 de 2012

Recomendados