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Mar, Oct

Operadores

martillazocomcelLa pelea entre las empresas de telefonía celular está en su punto más caliente: Movistar, Tigo y Une arremeten contra Comcel, de propiedad de Carlos Slim. La compañía se defiende.

Las empresas de telefonía móvil se han enfrascado en una guerra jurídica sin cuartel. Comcel, el jugador dominante en este mercado, recusó al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) porque, según argumenta, sus antecedentes como asesor de Une le impiden tomar decisiones contra la empresa. Para los competidores de Comcel se trata de una jugada táctica para impedir que el regulador implemente medidas indispensables para controlar los efectos negativos de su posición dominante.

No es una simple pelea de comadres. Lo que está en juego es el desarrollo futuro de este sector en el país. El hecho no deja de ser insólito, si se tiene en cuenta que la política nacional de telecomunicaciones fue reconocida recientemente como la mejor del mundo, en el marco del Mobile World Congress realizado en Barcelona.

En carta que enviaron al Ministro de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, Diego Molano, los presidentes de Une, Colombia Móvil (Tigo) y Telefónica Móviles (Movistar) afirman que, a través de tácticas jurídicas como la recusación, Comcel ha logrado suspender la aplicación de medidas regulatorias encaminadas a moderar los efectos de su posición dominante. Por lo tanto, Colombia corre el riesgo de que ocurra un “grave retroceso en la institucionalidad de esta industria, con repercusiones sobre el proceso de masificación y apropiación de las TIC”. Ellos afirman que Colombia está en camino de reproducir la experiencia de México, donde, de acuerdo con un informe reciente de la Ocde, ha logrado frenar sistemáticamente la aplicación de medidas regulatorias que la desfavorecen, a través de acciones en el frente judicial. En la misiva agregan que este estudio recomienda establecer medidas asimétricas para los operadores dominantes Telmex y Telcel, “pues la sola calificación de dominancia, sin medidas particulares, no tiene ningún efecto sobre la dinámica competitiva”. Telmex, al igual que Telcel y Comcel son empresas del billonario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo.

Los directivos de Comcel se defienden

Hilda María Pardo, vicepresidente jurídica de la empresa, afirma que Comcel nunca ha buscado dilatar las decisiones del regulador a través de tácticas jurídicas. “Jamás en la historia de Comcel, más de 17 años, hemos establecido una recusación contra nadie en el sector. Y con respecto a la posición de dominio, ese es el sueño de cualquier comerciante. Quienquiera que esté en el mercado procura tener la mayor participación posible. La posición de dominio no está prohibida, lo que la ley dice es que no se debe permitir el abuso de ella y Comcel jamás ha tenido siquiera una investigación de abuso de posición de dominio”. Y contraataca a sus competidores: “No solo no están acostumbrados a competir en el mercado, sino que ahora se están acostumbrando a lograr la competencia a través de la regulación”, puntualiza Pardo.

La carta de los presidentes de las empresas de telefonía móvil ha traído a la luz pública un debate que hasta ahora ocurría en el cerrado círculo de los expertos del sector. Colombia es, después de México, el segundo país del mundo en cuanto al grado de concentración de su industria de telefonía móvil. Y, para ellos, el mantenimiento de condiciones que favorezcan la competencia entre los operadores es necesario para asegurar el bienestar de los consumidores.

Hacia el futuro, existe preocupación porque la concentración que hoy se registra en móviles podría ampliarse hacia otros mercados adyacentes, como el de internet. “Si la empresa tiene un multiplay con banda ancha, televisión, voz fija ilimitada y voz móvil, todo en un solo paquete, la diferencia puede llegar a ser muy grande frente a los que no pueden empaquetar”, afirma un analista del sector. “El regulador tiene que analizar herramientas para evitar que la posición de dominio en el mercado principal, el de la voz móvil, se traslade al de internet móvil o de banda ancha por la vía de los paquetes, si el jugador dominante ofrece descuentos en el servicio en que es muy fuerte para aumentar su competitividad en el otro”.

La mayor preocupación en el sector es que la aplicación de figuras jurídicas, como la recusación, se convierta en un freno para la industria de las telecomunicaciones en un momento clave. Colombia está a punto de iniciar el modelo de servicio basado en tecnologías de cuarta generación (4G), que traerá mayor calidad y capacidad para la transmisión de datos y voz en servicios móviles e inalámbricos. Algunos analistas advierten que podrían venir nuevas recusaciones que paralizarían temas tan sensibles como las adjudicaciones del espectro, las cuales implicarían inversiones cercanas a los US$2.000 millones en los próximos tres años.

¿Qué hacer con la posición dominante?

guerra_operadoresEntre los operadores móviles tradicionales, Comcel es la empresa con mayor número de suscriptores, una participación de 62,8%, seguida por Movistar (24,66%) y Tigo (12,43%), según cifras del MinTIC. El mercado de telefonía móvil colombiano comprende más de 46 millones de líneas activas, y una penetración en la población de 100,3%. Es evidente que Comcel es el jugador dominante, condición que fue establecida por la antigua Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) en el año 2009.

Con el fin de restablecer el equilibrio entre los participantes en el mercado de telefonía móvil cuando hay condiciones de concentración, en distintos países los reguladores han introducido medidas como los cargos asimétricos, que se refieren al monto que cobra un operador a los demás por el uso de su red.

Si uno de los operadores tiene una participación de mercado sustancialmente más alta que los demás, ocurre un desequilibrio creciente en los costos de operación de las redes. Por ejemplo, el tráfico de llamadas de Comcel ocurre en 93% entre usuarios de la red de esta empresa y solamente 7% involucra redes de otros operadores. Esto implica que los costos por llamada dentro de su red interna pueden ser sustancialmente inferiores a los que se incurren al comunicar a usuarios de Comcel con las demás redes. De allí se puede derivar un problema de igualdad en la competencia, si los otros jugadores del mercado no lograr igualar esas estructuras de precios y deben castigar sus márgenes de forma significativa.

Cuando este tipo de situación se presenta, los entes reguladores en diversos países (incluyendo a los miembros de la Ocde) introducen los llamados cargos asimétricos. Esas medidas pueden incluir la obligación de permitir el acceso a la red en términos más favorables en cuanto a precios.

En Colombia, la declaración de Comcel como operador dominante abrió el camino para la toma de decisiones regulatorias orientadas a balancear las condiciones en el mercado. Los operadores móviles que compiten con Comcel han venido solicitando la reducción del cargo de terminación en la red de esa empresa.

“El mercado móvil colombiano no tiene las dinámicas que podrían generarse al no contar con condiciones regulatorias que reconozcan las diferencias de economías de escala que permitan a los operadores una competencia sana con un operador cuyo poder de dominio se constató por el regulador desde el año 2009. Las demoras en la adopción de medidas efectivas particulares respecto de Comcel ponen en riesgo la situación de competencia de la industria de las TIC en Colombia y, en últimas, el bienestar de todos los usuarios de telecomunicaciones si se llega a dar una situación de monopolio en el país”, advierte un vocero de Tigo.

Juan Carlos Archila, presidente de Comcel, por su parte, estima que la imposición de cargos asimétricos, y de otras determinaciones, serían unas medidas ilógicas, pues, en primer lugar, obligaría a los usuarios de su red a pagar más de lo que les corresponde por terminar sus llamadas en otra red y, en segundo término, también llevaría a la empresa a cobrar una suma inferior al costo de proveer el servicio, algo que también está prohibido por la ley.

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