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Jue, Abr

Otras Empresas

Según la empresa de telefonía, el contrato tiene pliegos que favorecen a un solo oferente.

Una nueva controversia por presunta corrupción tiene por estos días en una tormenta al Gobierno Nacional. Esta vez, la entidad involucrada en el caso es el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), gracias al proceso de licitación que se adjudicaría por más de un billón de pesos y que buscaría proveer servicios de internet a toda la entidad.

El documento del proceso de gestión contractual, publicado en febrero de este año, buscaba una entidad que pudiera “contratar el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del SENA a nivel nacional, garantizando su interoperabilidad, integración, cumplimiento del gobierno y arquitectura de TICs de la entidad, y mejora continua”, precisaba el contrato.

Dicho documento además se extendía por cerca de 41 meses y debía finalizar a más tardar el 31 de julio del 2026. La cifra exacta del contrato era de $1.107.732.114.599.

¿Por qué inició el escándalo?

Desde hace algunos meses, las molestias en empresas oferentes por los términos de la licitación se hicieron más notorias, pues aseguraban que estas trataban de beneficiar a una sola empresa, que tenía más probabilidades de quedarse con el contrato.

Claro, que era uno de los grandes jugadores del negocio, decidió hace algunas horas retirarse del negocio, asegurando en una carta contundente que los aplicantes no tenían las garantías necesarias.

En la misiva expresaron tres aspectos que, a su criterio, son críticos e insalvables dentro del proceso contractual. El primero era el presupuesto asignado. Aseguran que este valor difiere sustancialmente de los estudios de mercado que fueron realizados por la entidad, teniendo además un menor periodo de ejecución contractual.

También hicieron referencia a las exigencias y especificaciones técnicas particulares y especiales. Aseguran que en los pliegos se obliga a los proponentes a integrar soluciones que, a su criterio “son ofrecidas por un único fabricante”. Dicha situación impide optimizar los costos e inversiones, lo que a su vez impide aprovechar economías de escala necesarias, dadas las restricciones presupuestales.

La convocatoria estará abierta hasta el jueves 10 de noviembre, con el propósito de dar tiempo a quienes quieran participar a hacer el proceso de inscripción sin ningún contratiempo.

“En resumen, en un porcentaje importante del universo de componentes no hay pluralidad de fabricantes, a pesar de que existen diversidad de ofertas en el mercado con funcionalidades equivalentes”, precisan en la carta.

Por último, afirman que en el proceso hay una insuficiencia de condiciones de tiempo y no hay garantías para hacer una correcta transición. Argumentan que el tiempo destinado para la transición de contrato solo es de 4 meses y que esto hace imposible cumplir las reglas para cualquier proponente distinto al prestador actual del servicio.

Luego de los comentarios y las críticas que se han suscitado en varios medios, la Institución Educativa decidió pronunciarse al respecto, asegurando que la licitación se prorrogó, mientras se revisan las observaciones realizadas a la evaluación y se presenta un informe sobre el proceso al Comité de Contratación.

“El Sena realizó una adenda al cronograma de la licitación adelantada para contratar los servicios tecnológicos de la Entidad, mientras se revisan las observaciones realizadas a la evaluación y se presenta informe sobre el proceso al Comité de Contratación, por parte del ordenador del gasto. La información está registrada en la plataforma SECOP II”, informó la institución.

En la modalidad virtual, los aspirantes solo deben invertir como mínimo tres horas al día, contar con un computador y conexión a internet para realizar el proceso formativo a través de la plataforma LMS del Sena.

La decisión produjo también una pausa en el cronograma de la licitación, por lo que se suspendió la audiencia que estaba programada para este lunes 18 de septiembre. No es la primera vez que Telefónica y Claro se enfrentan por este contrato, pues en 2019 también se vivió un episodio similar. En ese entonces se estaban disputando un contrato por 34 meses y por 695.000 millones para conectar el servicio de data center.

Pese a ello, ese contrato subió de valor durante la ejecución, gracias a la firma de nuevas adhesiones. El Estado desembolsó casi un billón de pesos o más.

Fuente: El País – Septiembre 19 de 2023

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