De acuerdo con expertos colombianos, las necesidades de los repartidores y de una sociedad digital no pueden encajar en la reforma laboral presentada ante la Cámara de Representantes.
La reforma laboral que se debate en la Cámara de Representantes de Colombia ha encendido las alarmas de los sectores de transformación y economía digital.
Expertos coinciden en que se trata de una regulación que no responde a las necesidades de la industria. Esto significa que los servicios que los colombianos venían recibiendo por parte de plataformas como Rappi, DiDi y iFood serían eliminados o encarecidos, al grado de que sería imposible pagarlos.
La reforma laboral busca brindar a los trabajadores del país un modelo que dignifique su oficio y se frene el abuso laboral del que varios colaboradores han sido víctimas.
Sin embargo, los artículos en el Título VI del proyecto tratan a los colaboradores de este tipo de servicios como trabajadores con necesidades de la Revolución Industrial.
La reforma desatiende no sólo las necesidades del sector, también las demandas de una sociedad globalizada y conectada.
El artículo 23 del proyecto de ley establece que “los trabajadores que laboran en empresas de plataformas digitales tecnológicas de reparto o entrega serán vinculados mediante contrato de trabajo y gozarán de todos los derechos y garantías previstos en este código y demás normas laborales aplicables a los trabajadores y trabajadoras dependientes”.
Bajo esta modalidad, no se podría pactar la cláusula de exclusividad con ninguna empresa de Internet.
En conversación con DPL News, Mauricio Montealegre, abogado especialista en Derecho Laboral de Gómez-Pinzón Abogados, explicó que “se espera que las empresas de plataformas digitales asuman un rol de empleador de todas las personas que colaboran con ellas. Esto genera una línea gris jurídica en la cual no se ve con claridad si es un trabajador dependiente o independiente, porque en ninguna de las dos aplica totalmente”.
Montealegre añadió que “estamos partiendo de un modelo de trabajo que nació en la tecnología, pero desde la reforma se trata de encajar dentro de un Código Sustantivo de Trabajo de los años cincuenta o sesenta, cuando no existían estos modelos digitales, así nunca existirá compatibilidad”.
Asimismo, el modelo que propone la reforma crearía una relación de subordinación entre el “empleador” y el “empleado”, que los colaboradores no tienen hasta ahora y que, en su mayoría, no quieren que se establezca.
Ellos tienen la libertad de trabajar dentro de sus horarios, reciben una tarifa establecida de acuerdo a las distancias que recorren y manejan dinero a diario, lo que les permite atender sus necesidades cotidianas.
Para Montealegre “la subordinación, como todos los aspectos de la sociedad, ha evolucionado. Los repartidores son calificados por el servicio que ofrecen y se monitorea la cantidad de horas que trabajan o el número de domicilios que entregan. Ese tipo de subordinación es completamente diferente al que propone la reforma, donde las personas que antes eran dueñas de su tiempo ahora tendrían un modelo de trabajo tipo jefe-subordinado que, entre otras cosas, es innecesario para que los usuarios usen estos servicios”.
Sobre este punto, José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza IN, dijo a DPL News que “el Gobierno Nacional busca implementar la laboralidad forzosa y le pone una bomba atómica a una industria que produce auto-empleo a gran escala. Si alguien queda desempleado hoy, puede trabajar mañana como repartidor. Pero si se aprueba la reforma laboral en sus términos, las personas deben enviar una hoja de vida y esperar si las llaman”.
Las plataformas locales, medianas y pequeñas corren el riesgo de desaparecer si se implementa la reforma, además de incrementar las cifras de desempleo del país.
La reforma laboral está en contra de los objetivos del gobierno que pretende emplear a más colombianos y apoyar los emprendimientos.
Respecto del artículo 24 de la reforma laboral, reza: “las empresas de plataformas digitales tecnológicas de reparto o entrega deberán afiliar a sus trabajadores y trabajadoras a la seguridad social conforme las normas vigentes, en calidad de dependientes, que podrá ser en la modalidad de tiempo parcial que las normas específicas reglamenten”.
“El dilema no es la desprotección porque sí se puede proteger a los más de 120 mil domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos. Este sector económico cumple una importante función social (para varios grupos poblacionales) y está comprometido en mejorar la formalización y la protección de los repartidores”, aseveró López.
En este sentido, Alianza IN propone:
- Pagar la afiliación a riesgos laborales de repartidores que ganen más del equivalente a un salario mínimo.
- Pagar un paquete de seguros que cubra accidentes, salud, RCE, entre otras, obligatorio para los repartidores que ganen menos del equivalente a un salario mínimo.
- Concurrencia entre trabajadores y empresas para pagar salud y pensión.
Fuente: DPL News – Abril 12 de 2023
