El gobierno colombiano acaba de expedir el Decreto 1630 de 2011 para regular la venta y compra de equipos robados o extraviados en el país. Se busca con esto, desestimular este delito. ¿Se logrará? ¿Qué responsabilidad recae en los operadores por las continuas muertes y actos de bandas dedicadas al robo de celulares?
La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1630 el cual pretende regular la compra y venta de equipos robados. A partir de ahora, existirán dos listas de celulares en Colombia, la “buena” y la “mala”. En la buena, quedarán consignados todos los celulares y su respectivo IMEI, asociados a un propietario; y la “mala” contendrá todos los IMEI de los celulares robados.
Loable acto del gobierno, aunque como estamos en un país sin memoria, se le olvida a la gente y sobretodo a los medios de comunicación que esta estrategia ya existía (yo suponía que se venía aplicando) años atrás al igual que la lista “negra” que se compartía con países del Área Andina. Pues bien, al parecer esa estrategia fracasó y planteo mis dudas sobre el futuro de tan “novedosa” jugada. Aunque seamos sinceros, estamos en el Gobierno de la “Prosperidad Democrática” y a partir de agosto de 2010 en el país “se hacen las cosas bien” y la corrupción dejó de existir (sarcasmo).
Sin embargo hay que preguntarse por qué la anterior estrategia no funcionó, ¿qué responsabilidad recae en los operadores?
Pues bien, si la anterior estrategia para poner en cintura a los ladrones y bandas dedicadas al hurto de celulares fracasó tiene muchos componente. En primer lugar porque somos un país sin valores, donde un celular vale más que una vida (infortunadamente aquello de que la vida es sagrada no ha logrado calar en nuestra sociedad). En segundo lugar porque somos un país hipócrita y facilista, donde el mismo ciudadano al que le roban el celular en el bus sale al otro día a un San Andresito a conseguir celulares que bien sabe son robados, o al menos de dudosa reputación.
En tercer lugar no funcionan esas estrategias por falta de autoridad y presencia policial. No es posible que la Ley considere el hurto como algo excarcelable si no es en flagrancia o si no supera montos de 2 o 3 millones de pesos; y para rematar, la policía carece de presencia , efectividad y autoridad. ¿Así que banda de atracadores le teme a la justicia?
Por último, en cuarto lugar está la complacencia de los operadores. Se calcula que en 2010, 3 millones!!! de celulares fueron hurtados en el país, el 60% de ellos en Bogotá. ¿Y qué papel juegan los operadores? ninguno. Pareciera que a ellos solamente les afana vender y vender; claro que a quién no le afanaría vender con tan jugoso mercado de reposición. Sería bueno que algún día se conocieran los ingresos de los operadores por ese concepto, aunque seguramente nunca lo publicarán porque a nadie le interesa develar la gallinita de los huevos de oro. Más cuando los precios de los móviles son el doble o triple del valor que en otros mercados como USA, caso del iPhone 4 (de esto nos ocuparemos en otra columna).
Si los operadores no son cómplices del robo de 3 millones de celulares en Colombia en 2010 por acción, lo son al menos por omisión. Y es que desde hace muchos años cualquier tienda de barrio se convierte en “distribuidor autorizado” de Comcel, Movistar o Tigo y venden celulares de todo tipo, carcasas, accesorios y demás. ¿Acaso se preocupan los operadores en saber la procedencia de los artículos que venden sus distribuidores? Pues no, incluso, los operadores (en el caso de Tigo) han llegado a patrocinar y pintar las fachadas con el logo del operador, de algunos edificios en lugares que todo el mundo conoce, incluso por las autoridades, como deshuasaderos y revendedores de celulares robados, tal fue el caso del edificio de la Calle 13 con Av. Caracas en Bogotá.
¿Es acaso lo anterior legal? y como acá poco poco funciona la ley, ¿es aunque sea ético?
Esperemos que esta vez la “novedosa” estrategia planteada por el Gobierno funcione. Sería un verdadero acto de responsabilidad social por parte de los operadores dar su aval a distribuidores que solamente vendan celulares legales, que no trabajen en cambios de IMEI ni actos semejantes. Verdadera responsabilidad social que supera computadores inservibles que “regalan” al Estado para que repotencie y lleve a escuelas, o facturas electrónicas que tiene como único objetivo la disminución de costos (perdón, la responsabilidad social y ambiental).
¿Son concientes los operadores que en su afán de ganar y ganar dinero han sido cómplices de delitos e incluso muertes?. Esperemos que a partir de ahora lo sean.
Nota: ¿Qué pasará con la apertura de bandas que se hacen en estos mismos sitios de dudosa reputación? Esto no es ilegal si ya se ha cumplido 1 año de cláusula en el operador e incluso es obligación de los operadores si se han cumplido los términos del contrato. Sin embargo los operadores no cumplen con la tarea de abrir bandas y la gente recurre a estos sitios. Esperemos que no se convierta en un negocio tan apetecido como al reposición de millones de celulares.
Nota 2: Palabra sabias de Jaime Garzón (Q.E.P.D.) En este país quien no tiene untado el bolsillo tiene untada la nariz. Palabras expresadas en otro contexto pero completamente aplicables al caso.
Escrito por: David Gaitán para...
Comunidad OLA ... ¡Estamos Conectados Contigo! – Mayo 24 de 2011
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