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Al finalizar junio se sabrá cuáles serán las empresas que lideren la nueva generación de la telefonía móvil. La idea es masificar el uso de internet en un país donde el 70% de la gente no tiene acceso. Más servicios en los celulares.
El próximo 9 de mayo comienza a resolverse el proceso más ambicioso en la historia de las telecomunicaciones en Colombia: la subasta de adjudicación del espectro electromagnético para el uso de internet de alta velocidad en transmisión de datos y voz, conocido como la tecnología de nueva generación 4G. Un atractivo negocio para los operadores del sector y una ineludible opción del Estado en su tarea social de masificación de la internet. Dos expectativas cruzadas en el juego de la libre competencia y de la posición dominante.
Esta iniciativa fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 como principal objetivo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y tomó forma a partir de la resolución 3263 de 2011, a través de la cual se extendió invitación a los operadores del sistema para participar en el proceso de adjudicación de siete bloques del espectro para 4G y uno para 3G. En términos prácticos, la oportunidad de fortalecer el mercado de equipos con mayor capacidad de transmisión de voz, datos y servicios de multimedia.
En marzo de 2012, el ministerio del ramo hizo público el primer borrador del proyecto de convocatoria, para los comentarios de los entendidos. Desde ese mismo momento, en desarrollo de cinco audiencias públicas y ocho debates en el Congreso, el tema tiene a la expectativa a empresarios, Estado y ligas de usuarios, con una discusión que ha venido creciendo en efervescencia sobre dos aspectos básicos: la necesidad de eliminar riesgos de concentración del mercado de las telecomunicaciones, hoy afectado por operadores dominantes.
Según informaciones oficiales, hoy la multinacional Comcel S.A. o Claro, como se le conoce comercialmente, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, tiene el 62,4% de los usuarios del mercado de telefonía móvil en Colombia. En 2012 esta firma registró ganancias por $2,3 billones, casi 30% más que en 2011. A su vez Telefónica de España, conocida como Movistar, tiene hoy el 24,7% del mercado, aunque hoy es el único operador en el 66% del territorio nacional. El tercer jugador del negocio es Colombia Móvil (Tigo), con el 12,4%.
Esta repartición del mercado de la telefonía móvil en Colombia se ha convertido en el caballito de batalla de los principales críticos del proceso 4G. Según observadores del tema, como los congresistas Jorge Robledo y Alexánder López, del Polo Democrático, o Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, esta situación ha creado una concentración del mercado que el Gobierno puede corregir. De manera contextual porque, en su opinión, a través del artículo 75 de la Carta, el Estado debe impedir el monopolio en el uso del espectro.
En particular, las críticas van dirigidas a que la posición de dominio de Claro y Movistar ha generado un duopolio que concentra el 87% del mercado de voz móvil, el 74% de internet móvil, el 53% de la televisión por suscripción, el 43% de la banda ancha fija, el 30% de la telefonía fija, el 64% de los ingresos y el 83% de las utilidades del sector de las telecomunicaciones. En pocas palabras, un esquema que, en su criterio, ha generado un deterioro sostenido en la calidad del servicio, insuficiente inversión en materia de infraestructura y costo social a los usuarios.
En parte para contrarrestar estas inquietudes, y también para atender una sentencia de la Corte Constitucional de 2001, que impone al Estado la obligación de preservar el servicio público y regular la iniciativa privada en la protección del espectro, el Gobierno impuso claras reglas de juego. Por eso, en principio limitó la participación de Claro en la subasta de la banda AWS, la más apetecida de la adjudicación por la disponibilidad de equipos a bajo costo, precisamente para prevenir una mayor concentración del mercado de la telefonía.
De igual modo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones definió unas obligaciones específicas a quienes quieran medírsele a la subasta. Por ejemplo, pago de contado para todas las bandas o escalonado de acuerdo con fechas de entrega; prohibición de ceder el espectro en los primeros cinco años; acuerdos para mejorar la calidad 3G como prerrequisito para iniciar ventas de tecnología 4G; obligación de compartir infraestructura; y restricción de ofertas comerciales que limiten la libre competencia.
A pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo y la reiterada postura del ministro Diego Molano, en el sentido de que se van a favorecer los usuarios con mejores tarifas, calidad del servicio y mayor cobertura, no han faltado los reparos de los organismos de control. La Contraloría, por ejemplo, en informe de diciembre de 2012, manifestó que aunque se da un escenario equiparable para los participantes de la subasta, “no se generarían cambios estructurales en la organización industrial de las telecomunicaciones en Colombia”.
