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Telefónica activó una triple ofensiva legal para salvar su filial colombiana Movistar
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Telefónica informó que activó una triple ofensiva jurídica para intentar salvar a ColTel (Movistar Colombia), su filial colombiana, cuya viabilidad se ve amenazada por un laudo arbitral que le condena a pagar 1.652 millones de pesos colombianos (462,5 millones de euros) por los activos utilizados para la implantación de la telefonía móvil en Colombia, en los términos de una concesión otorgada hace 23 años, informa el País de España.

Telefónica informó que activó una triple ofensiva jurídica para intentar salvar a ColTel (Movistar Colombia), su filial colombiana, cuya viabilidad se ve amenazada por un laudo arbitral que le condena a pagar 1.652 millones de pesos colombianos (462,5 millones de euros) por los activos utilizados para la implantación de la telefonía móvil en Colombia, en los términos de una concesión otorgada hace 23 años, informa el País de España.

En primer lugar, la operadora española ha solicitado aclaraciones al tribunal de arbitraje que emitió el laudo para saber si tiene que acometer realmente esa indemnización; el Tribunal tiene hasta el próximo 16 de agosto para responder. Y si la contestación no le satisface, recurrirá el laudo ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, antes de acudir al arbitraje internacional del Ciadi, el organismo del Banco Mundial, informaron a este diario fuentes cercanas a la operadora.

La indemnización que, en la práctica es una sanción, impuesta por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, supondrá un hándicap muy serio para la rentabilidad de la filial de Telefónica en el país dado su “desorbitado” importe. Y es que el laudo impone el pago total de 1.320 millones de euros porque a la multa a Telefónica, hay que sumar el castigo aún mayor (868 millones de euros) que debe afrontar por el mismo contencioso, la filial de Claro del mexicano Carlos Slim.

La decisión de este organismo ha provocado una consecuencia colateral al despertar las alarmas de los inversores internacionales. Estos acudieron al país en los últimos años al calor de la seguridad jurídica que ofrecía Colombia frente a otras economías de la zona, pero a los que le preocupan las últimas decisiones del Ejecutivo como la intervención de Electricaribe, filial de Gas Natural. También Sacyr ha paralizado la ampliación de la autopista Corredor 5 de 202 kilómetros, y mantiene un contencioso con la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI). España es el segundo país inversor con más de 16.000 millones de euros y la presencia de más de 400 empresas. Distintas patronales, como Asomóvil han criticado duramente esta decisión.

Telefónica confía también en la vía de diálogo que ha abierto “a todos los niveles” con la Administración colombiana para evitar llevar el pleito a los tribunales, a diferencia de Claro, que ha recurrido directamente el laudo ante el Ciadi, con sede en Washington. Telefónica argumenta que el laudo no justifica con detalle los activos sobre los que basa su decisión. Considera que se deben revertir todos los bienes de las compañías demandadas que se usan para la prestación de servicios de voz (excluye los dedicados a servicios de datos), pero para evitar la disrupción de las operaciones, sostiene que no es conveniente la reversión efectiva de los activos y, en su lugar, dispone el pago en efectivo, en un periodo de semanas.

En caso de que la resolución no satisfaga los intereses de la compañía española, esta acudirá al Consejo de Estado para que declare nulo a todos los efectos el laudo arbitral. A diferencia de España, esta institución no es solo un organismo consultivo sino una especie de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. El Consejo de Estado deberá resolver en el plazo de tres meses, informaron en fuentes cercanas a la compañía.

En segunda instancia, solicitará la nulidad del laudo al Consejo de Estado

Y, por último, si ese recurso no prospera, Telefónica acudiría al Ciadi. Uno de los argumentos que emplearían en ese recurso es que el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por ambos estados.

El importe que se demanda a ambas compañías supone alrededor de un tercio de los ingresos conjuntos de las dos operadoras en 2016, y más de toda la inversión realizada en el último año por todas las operadoras de telecomunicaciones que están presentes en el país cafetero. Hasta ahora, las inversiones del sector se han situado en torno al 20% de los ingresos brutos durante los últimos años. Sólo en 2016, y como ejemplo, la inversión de Telefónica en Colombia se ha situado en 330 millones de euros y supuso el 23% de lo ingresado en el país.

Tanto Telefónica como Claro consideran que el laudo es totalmente arbitrario, no ajustado a derecho y con una indemnización desproporcionada con sus volúmenes de negocio, y pone en duda el futuro de las inversiones de las dos operadoras más importantes del país y, por tanto, la viabilidad de su sector de telecomunicaciones.

Y es que, como han denunciado diversos medios de comunicación colombianos, paradójicamente los ingresos millonarios por este conflicto pueden resultar fatales para el Gobierno de Juan Manuel Santos, porque ponen en peligro las necesarias inversiones que aseguren el progreso digital del país. Las filiales de Claro y Movistar se pueden replantear acudir a la subasta de frecuencias móviles para la telefonía 4G, en la banda de 700 megahercios (Mhz), previstas para 2019.

Telefónica también puede dar marcha atrás en la recapitalización de su filial colombiana por importe de unos 300 millones de euros, que se encuentra ahora en situación de causa de disolución por la deuda contraída por el pago de las pensiones con 16.000 extrabajadores de ColTel, lo que pondría en problemas al Estado colombiano, que tiene el 32,5% del capital de la operadora, a través del Ministerio de Hacienda. Y es que se da la curiosa situación de que en el litigio el Gobierno de Colombia actúa como demandante (a través del Ministerio de Telecomunicaciones) y como demandado (a través del de Hacienda).

Fuente: El País España – Agosto 10 de 2017

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