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Mon, May

Trabas al despliegue, burocracia e impuestos; las barreras a la banda ancha en A.L.
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El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) junto al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentaron un estudio sobre las barreras que presenta la región para la adopción y expansión de banda ancha, entre los que destacaron la necesidad de unificar normas para el despliegue, reducir impuesto y simplificar trámites.

El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) junto al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentaron un estudio sobre las barreras que presenta la región para la adopción y expansión de banda ancha, entre los que destacaron la necesidad de unificar normas para el despliegue, reducir impuesto y simplificar trámites.

También ofrecieron posibles soluciones y mencionaron normativas que resultaron exitosas en diferentes países de Latinoamérica.

Mauricio Agudelo, quien encabeza el programa de Transformación del Ecosistema Digital de CAF, agregó que “la investigación busca darle continuidad a estudios previos enfocados en identificar y trabajar sobre las causas de brecha digital que aún persiste en América Latina, donde la mitad de la población sigue desconectada del Internet a alta velocidad y donde los beneficios socioeconómicos de la conectividad aún no se aprovechan.”

El reporte menciona como barrera la falta de transparencia, agilidad y accesibilidad en la solicitud de licencias así como la “inseguridad jurídica” de las empresas. En este sentido, es importante establecer normativas de carácter nacional para evitar que las particularidades propias de cada lugar sean contraproducentes. Como buena práctica, el estudio señala que en Perú es facultad de una división del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionar a agentes que se consideren que están incumpliendo normas vigentes de reducción de barreras burocráticas.

En términos de infraestructura se propone poseer un código de buenas prácticas a escala nacional para el despliegue de cableado y alentar la opción de compartición de infraestructura. En Colombia, por ejemplo, ya se desarrollan mecanismos de coordinación entre el gobierno y los operadores para que cuando los encargados de obras públicas planeen intervenir el espacio público, los operadores puedan ejecutar procesos de soterramiento en paralelo.

Incentivos económicos a la inversión de infraestructura en TIC y menos cargas impositivas aparecen como los retos a la hora de hablar de dinero —una preocupación que recientemente se instaló en la agenda de Colombia y Brasil—. Como buena práctica, se destaca por ejemplo que Brasil promueve la exención fiscal sobre la construcción de redes de telecomunicaciones para incentivar a los inversores.

El informe también propone “el fomento de la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, así como la educación y la disposición sobre el monitoreo de emisiones”. Ya hay acciones al respecto: en Honduras existe una página Web con información completa en relación a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes para tratar de reducir el temor poblacional a este tipo de emisiones. También perseguir una reducción de actos vandálicos contra las instalaciones, un problema que es eje de quejas de diversos operadores, entre ellos Movistar en Venezuela.

Fuente: Telesemana – Abril 10 de 2017

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