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Fri, May

Se enreda la venta de la ETB. Juez suspende proceso
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Un juez administrativo accedió a la solicitud de medidas cautelares y ordenó la suspensión del proceso. El Distrito busca opciones.

Un juez administrativo accedió a la solicitud de medidas cautelares y ordenó la suspensión del proceso. El Distrito busca opciones.

Con las medidas cautelares, el Distrito ya no podrá cumplir el plazo que se había fijado para vender sus acciones en la ETB.

En la guerra alrededor de la venta de la ETB, quienes se oponen a los planes del alcalde Enrique Peñalosa de enajenarla para invertir en obras de infraestructura ganaron una batalla clave: lograron que un juez le ordenara al Distrito suspender el trámite, mientras resuelve de fondo la demanda que radicaron los sindicatos y que busca dejar sin efecto la autorización que le dio el Concejo al alcalde para negociar las acciones que Bogotá tiene en la empresa.

La decisión llega en un mal momento para el Distrito, pues justo hace un par de semanas la administración había anunciado que la tercera semana de mayo comenzaría la primera etapa del proceso de enajenación de la ETB, que consiste en ofrecer inicialmente las acciones al sector cooperativo. Con este auto, el alcalde se ve obligado a “frenar en seco” el trámite, a pesar de que esperaba tener finiquitado el negocio en octubre, para invertir los recursos en la construcción de jardines, colegios y hospitales.

La decisión judicial es producto de la solicitud, con mensaje de urgencia, que radicó el concejal Manuel Sarmiento (Polo Democrático), quien pidió al juez imponer la medida cautelar para evitar “un daño patrimonial irreversible” para la ciudad. Sarmiento asegura que supuestamente la autorización que le dio el Concejo al alcalde se expidió “con numerosas irregularidades”. Por esta razón insistió en que no frenar el trámite ahora podría resultar más “gravoso para el interés público”.

La solicitud la radicó el pasado 4 de mayo, una semana después de que la Alcaldía hiciera público el cronograma y las etapas de la venta. El principal argumento fue resaltar que de nada serviría la demanda de nulidad que aceptó el despacho si el Distrito alcanzaba a vender la empresa antes de conocer un fallo.

Para apoyar la petición, el concejal expuso un precedente vinculante: la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de mayo de 2015, en la que suspendió la venta de Isagén argumentando la protección del interés público. En esa oportunidad también existía un pleito alrededor del proceso de venta, que adelantó el Gobierno Nacional.

Lo que viene

Las medidas cautelares cambian el panorama que tenía el Distrito porque ahora tiene pocas opciones. La administración, luego de ser notificada, presentará una apelación en contra de las medidas, que tendrán que resolver los magistrados del Tribunal de Cundinamarca. Ese trámite podría durar al menos un mes, por los problemas de congestión en los despachos judiciales. Si se confirma la decisión, al menos este año no se podrá vender la ETB.

Sin embargo, el concejal Manuel Sarmiento advierte que tiene “argumentos sólidos” para continuar en esta pelea, porque fueron evidentes las ilegalidades que se cometieron en la discusión llevada a cabo en el Concejo y que derivó en el permiso al alcalde para vender la empresa de telecomunicaciones.

La demanda de nulidad —interpuesta por el concejal y los sindicatos de la ETB— se basa en varios argumentos: el primero, que se vulneró el derecho a la participación ciudadana, dado que no se incluyó la iniciativa en el anteproyecto del Plan de Desarrollo, que evaluó el Consejo Territorial de Planeación; el segundo, que la iniciativa se incluyó en el Plan, a pesar de que debía ser un proyecto de acuerdo independiente, y finalmente, que una vez cometida la presunta falta, la propuesta se discutió en una comisión del Concejo que no era la competente.

Por vía judicial, el pleito podría ser demorado, por no decir eterno. Está claro que cualquier decisión que se tome en primera instancia será apelada por alguna de las partes y el pleito tendrá que pasar al Tribunal Administrativo. Por supuesto, esto no le conviene al Distrito, que ahora comenzará su lucha para tratar de que otro juez reverse esa decisión, pues Peñalosa esperaba tener en su caja los casi $2 billones de la venta, para adelantar la construcción de colegios, jardines y hospitales, que planeaba empezar en 2018.

Para el concejal Diego Molano (Centro Democrático), luego de apelar la decisión, al Distrito sólo le queda esperar: “No es prudente tomar otros caminos hasta que no se resuelva esta primera etapa. El proceso no está caído y creo que desde la Alcaldía se tenía estimado que esto podría ocurrir. Aún hay tiempo, porque la plata no se necesita para este año”.

Lo mismo opina la concejal Lucía Bastidas (Partido Verde), quien asegura que, a pesar de respetar las decisiones judiciales, le preocupa que en la medida cautelar el juez asegure que hubo irregularidades en la aprobación de la enajenación. Agregó que en el Concejo se aprobó correctamente el Plan de Desarrollo e incluso hubo espacios para debatir la venta de la ETB.

Para Bastidas, esta situación sólo desvaloriza la compañía porque envía una mala señal a los inversionistas interesados. “Y si el Tribunal Administrativo llega a ratificar la medida, eso sería muy grave, pues los más perjudicados serían los bogotanos, que no tendrían cómo financiar parte de sus obras”, añadió la cabildante.

Por ahora, lo único que ha dicho la Alcaldía es que apelará la decisión a la espera de que pueda seguir adelante con la venta. Sin embargo, este tipo de procesos, como quedó en evidencia en el caso de Isagén, se demoran.

Fuente: El Espectador – Mayo 15 de 2017

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