Hoy en día el operador dominante de la telefonía celular en Colombia es un abusivo dinosaurio. Los usuarios de Comcel padecen un servicio deplorable y pésima atención al cliente: papeleo, filas interminables y absurdos tiempos de espera. Al parecer los clientes para esa empresa son insignificantes hormigas con la tarea de hacer aún más rico al ingeniero Slim, el más rico de todos los seres del planeta.

Los ingresos de Comcel el año pasado podrían llegar a US$4.000 millones. Frente a su descomunal éxito económico, el operador debería compensar con respeto y bienestar a los consumidores. ¿Acaso olvida que presta un servicio público y que las frecuencias que utiliza no son suyas sino del Estado? Fruto de cuestionadas adquisiciones y fusiones, el mismo grupo económico controla a Telmex —televisión por suscripción, internet y telefonía fija— y tiene operación en casi todos los países de América. Su poder de negociación es inmenso también frente a los proveedores y contratistas que tienen que someterse a sus condiciones. Estamos ante un gigante cuyo apetito tiene que ser limitado por las autoridades para que los usuarios no terminemos tiranizados.

La semana pasada se le impuso a Comcel una multa por obligar a sus suscriptores a permanecer atados a los contratos por un tiempo mayor al permitido. El monto de la sanción es irrisorio frente a las ganancias obtenidas. Por esa razón las multas no lo conmueven. La cantidad de sanciones que ha acumulado en sus casi 18 años de operación es razón suficiente para que no se le prorrogue una vez más a Comcel el derecho a seguir utilizando las frecuencias del Estado. Sería la oportunidad para que los colombianos contáramos con nuevos operadores que compitieran de verdad y respetaran a sus usuarios. ¿Estarán en regla todas sus torres con las que afean el paisaje urbano?

Comcel suele desplegar su poder descomunal cuando alguien se atreve a ponerlo en cintura. Recientemente la Comisión de Regulación de Comunicaciones propuso disminuir los cargos de acceso que les cobra a los otros operadores de telefonía celular. Esta medida implicaría quitarle rentas monopólicas a Comcel, en beneficio de los usuarios que tendrían sustanciales reducciones de sus tarifas.

La reacción del operador, a través de la intrépida jurista Hilda Pardo, fue alborotar a los medios —gracias al poder que da la pauta publicitaria—, solicitar la intervención de la Procuraduría y lanzar en contra del director de la CRC acusaciones de impedimentos que no se le había ocurrido plantear antes, a pesar de que ese funcionario lleva alrededor de un año en esa entidad. El procurador de ninguna manera puede caer en el juego del oportunismo de Comcel que busca seguir guardando en su bolsillo cientos de millones de dólares.

Los usuarios tenemos que estar muy pendientes de que este debate se resuelva a favor de nuestros derechos; por más grande que sea el globo en el que nos quieren montar para cubrir a Colombia.

Autor: Felipe Zuleta para El Espectador – Enero 22 de 2012